Actualización 2023-2024

Desde su establecimiento por el Consejo de Derechos Humanos en 2019, la Misión Internacional para la Determinación de los Hechos sobre Venezuela ha investigado graves violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual. En el informe actualizado presentado en conformidad con la resolución 51/29, se detallan los eventos ocurridos entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024, en los que se intensificó la represión gubernamental y se cerraron espacios cívicos y democráticos.

El informe revela que, tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, el Gobierno de Nicolás Maduro respondió con una represión violenta frente a las protestas y acusaciones de fraude. Esta represión, catalogada como una de las crisis más agudas en los últimos años, se centró en silenciar a los opositores y a cualquier persona que cuestionara los resultados electorales.

La misión documentó un aumento significativo en las violaciones de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias y ataques contra los opositores y sus seguidores. Las investigaciones también se vieron afectadas por la reactivación de la represión estatal y la dificultad para recolectar testimonios en un clima de miedo.

Durante el período de investigación, también se reportaron condenas severas a 60 personas relacionadas con operaciones de represión política, y se detallaron fallos y acuerdos políticos que no lograron garantizar un proceso electoral justo y transparente. Las protestas ciudadanas post-electorales se vieron enfrentadas por una represión violenta que resultó en muertes y heridas.

La misión destaca que, a pesar de las graves violaciones documentadas, el enfoque del informe ha sido limitado debido al aumento de la represión y el temor generalizado. Se ha llamado a continuar con investigaciones exhaustivas y a asegurar la rendición de cuentas de los responsables. La misión también enfrentó limitaciones para concluir una investigación más amplia sobre el papel de la Guardia Nacional Bolivariana, que podría completarse si se renueva su mandato.

El informe refleja un panorama de intensificación de la crisis de derechos humanos en Venezuela y subraya la necesidad urgente de intervención internacional para abordar y remediar estas violaciones.

Tu informe sobre las violaciones de derechos humanos presenta una descripción detallada de la situación actual en el país, destacando la intensificación de la represión y las violaciones de derechos fundamentales. Aquí tienes un resumen de los puntos clave:

1. Contexto General de Represión

– Situación Actual: A partir de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, se ha intensificado la represión violenta contra personas opositoras o percibidas como tales. La estructura represiva del Estado no ha sido desmantelada y sigue siendo una amenaza latente.

2. Violaciones Graves de Derechos Humanos

– Muertes en Protestas: 

  – Número de Víctimas: 25 muertes documentadas durante las protestas de julio de 2024. 

  – Perfil de las Víctimas: La mayoría eran hombres jóvenes (68% menores de 30 años), incluyendo dos menores de edad. 

  – Causa de Muerte: Principalmente heridas de arma de fuego (24 de 25 casos), con una muerte por golpes. 

  – Posible Autoría: Presencia de civiles armados y uso de armas por parte de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana.

– Detenciones Arbitrarias: 

  – Antes de las Elecciones: Al menos 39 detenciones arbitrarias documentadas (32 hombres y 7 mujeres).

  – Después de las Elecciones: Al menos 10 detenciones arbitrarias adicionales (5 hombres y 5 mujeres). 

  – Violaciones Adicionales**: De las 49 detenciones investigadas, 13 casos de desapariciones forzadas, 13 de tortura y 8 de violencia sexual y de género.

3. Detenciones Relacionadas con Actos Electorales

– Durante la Campaña Electoral: 121 personas detenidas en actos de la oposición (106 hombres y 15 mujeres). 

– Después de las Elecciones: Campaña masiva de detenciones. Datos divergentes de autoridades y organizaciones de derechos humanos indican cifras que van desde 1,062 hasta 2,229 detenciones.

4. Detenciones de Niños y Niñas

– Número de Detenciones: 158 niños y niñas detenidos, algunos con discapacidad.

– Condiciones de Detención: Reclusión en prisiones comunes, sin separación por edad o género, exponiendo a los menores a condiciones vulnerables.

5. Detenciones Selectivas y Conspiraciones

-Detenciones Selectivas: Incluyen líderes políticos, activistas y periodistas. 

– Conspiraciones: Al menos 48 personas detenidas entre diciembre de 2023 y marzo de 2024 en relación con supuestas conspiraciones. Detenciones arbitrarias documentadas en 25 casos.

6. Casos Relevantes

– Rocío San Miguel: Detenida en febrero de 2024, con irregularidades en su detención.

– Ronald Ojed*: Secuestrado en Chile y encontrado muerto con signos de tortura.

7.Recomendaciones

– Medidas a Tomar: Es fundamental que el Estado respete el derecho internacional de los derechos humanos y garantice el debido proceso para todas las personas involucradas en las detenciones y represión.

Este resumen proporciona una visión general de la situación y los tipos de violaciones que se están produciendo, así como la necesidad urgente de intervención y reformas para abordar estas violaciones de manera efectiva. ¿Te gustaría que profundicemos en algún aspecto específico o que preparara algún tipo de documentación adicional sobre el tema?

Resumen: Violaciones graves al debido proceso

1.Gravedad y Carácter Generalizado de las Violaciones:

   – Las violaciones al debido proceso contra opositores o percibidos como tales han alcanzado niveles sin precedentes, especialmente después de la crisis postelectoral. Los procesos penales han incumplido sistemáticamente las garantías mínimas del debido proceso.

2. Inobservancia de Normas Internacionales:

   – La misión observa que, según el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, la inobservancia grave de normas internacionales sobre el derecho a un juicio imparcial convierte la privación de libertad en arbitraria. Muchos casos investigados por la misión se ajustan a esta categoría, junto con otros criterios del Grupo de Trabajo.

3. Detenciones Irregulares:

   – Las detenciones a menudo se realizaron sin orden judicial o sin informar el motivo. Además, se incumplió el plazo de 48 horas para presentar a los detenidos ante un tribunal de control, como estipula la Constitución.

4. Negación del Derecho a Elegir Abogado:

   – A los detenidos se les negó el derecho a elegir abogado, imponiéndoles defensores públicos que a menudo no brindaban una asistencia adecuada debido a temores de represalias o directivas políticas.

5. Audiencias Irregulares:

   – Las audiencias de presentación y preliminares se celebraron en horarios no convencionales, en dependencias no judiciales, sin ser públicas ni comunicadas previamente a familiares y abogados. Muchas audiencias fueron colectivas, sumarias y virtuales sin justificación adecuada.

6. Delitos Imputados:

   – Los detenidos enfrentaron cargos graves como “traición a la patria”, “terrorismo” y “incitación al odio”, los cuales son ambiguos y suelen implicar penas máximas sin alternativas ni beneficios procesales.

7. Declaraciones del Fiscal General:

   – El 30 de julio, el Fiscal General anunció públicamente los cargos a imputar sin individualizar la responsabilidad, lo que contraviene el derecho a una defensa justa.

8. Protección Inadecuada para Menores:

   – Los niños y niñas detenidos no recibieron las protecciones procesales requeridas por la ley y las normas internacionales, como la notificación a los padres y la presentación ante un juez dentro de las 24 horas.

9. Desapariciones Forzadas:

   – Se registró un aumento en las alegaciones de desapariciones forzadas de corta duración, con numerosos casos que muestran violaciones graves al debido proceso, como la falta de comunicación con familiares y abogados, y audiencias irregulares.

10. Falta de Información y Tortura:

    – En muchos casos, la información sobre el paradero de los detenidos se negó a los familiares y abogados, y se identificaron casos de detenciones prolongadas sin presentación judicial, como el caso del capitán Anyelo Heredia y dirigentes de Vente Venezuela, que fueron víctimas de tortura.

Conclusión:

El informe destaca una grave crisis en el respeto del debido proceso y los derechos humanos, con prácticas sistemáticas de detención arbitraria, falta de transparencia, y violaciones graves tanto en el ámbito judicial como en el tratamiento de los detenidos.

**Resumen: Tortura y Tratos Crueles en Centros de Detención**

La misión ha recibido denuncias continuas sobre tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes hacia personas opositoras o percibidas como tales, mientras se encontraban bajo custodia de las fuerzas de seguridad en prisiones y otros centros de detención. Se ha encontrado evidencia razonable de que las autoridades cometieron actos de tortura en al menos siete casos, todos antes del 28 de julio de 2024. Otros casos no pudieron ser investigados en detalle debido al temor a represalias.

Los métodos de tortura reportados incluyen puñetazos, golpes con objetos contundentes, descargas eléctricas (incluso en los genitales), asfixia con bolsas de plástico, inmersión en agua fría y privación de sueño mediante iluminación y música constante. Estos métodos son consistentes con los utilizados por la Policía Nacional Bolivariana y los servicios de inteligencia, según informes anteriores.

Un caso destacado es el de John Álvarez, un estudiante y líder juvenil detenido el 30 de agosto de 2023, quien sufrió tortura física y sexual, incluyendo golpes y descargas eléctricas en los genitales, con el objetivo de forzarlo a implicar a otros en actos ilegales. Álvarez ha quedado con secuelas físicas debido a la tortura.

La misión también investigó otros casos donde se usaron coerción e intimidación, como amenazas contra familiares para que grabaran videos autoincriminatorios, lo que, sin la presencia de un abogado defensor, viola el derecho de no incriminación y puede constituir tortura. Las víctimas a menudo también enfrentaron amenazas contra sus familias.

Las limitaciones de acceso a información sugieren que muchos casos de tortura posteriores al 28 de julio de 2024 no han sido reportados aún. La misión subraya la necesidad de investigar estos casos serios para identificar y sancionar a los responsables.

Además, se ha documentado el impacto prolongado de la tortura en las víctimas y sus familias, quienes aún no han recibido reparación estatal y requieren asistencia para superar las secuelas físicas y mentales.

En cuanto a las condiciones de detención, se han recibido denuncias sobre malas condiciones, especialmente para personas de edad avanzada con problemas de salud. Se han encontrado indicios razonables de que algunas condiciones de detención constituyen tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ejemplos incluyen el aislamiento prolongado en condiciones extremas y celdas insalubres en prisiones como El Rodeo I y otras.

Los centros de detención, incluidos Yare III, Tocorón y Tocuyito, así como La Crisálida para mujeres, han registrado condiciones críticas y potenciales actos de tortura física o psicológica. Se requieren investigaciones adicionales para confirmar estas graves alegaciones.

Resumen: Nuevas Restricciones al Espacio Cívico y Democrático

Durante el período cubierto por el informe, se observaron nuevos hitos en la reducción del espacio cívico y democrático, con un aumento significativo en el hostigamiento, criminalización y restricciones a actores clave de la sociedad civil. La organización Centro para los Defensores y la Justicia reportó un incremento del 92% en ataques contra defensores de derechos humanos en el primer semestre de 2024 en comparación con el año anterior.

La libertad de expresión se vio gravemente afectada por ataques y persecuciones judiciales contra periodistas y creadores de contenido en redes sociales. Al menos 16 periodistas fueron detenidos durante este período, con la mayoría de las detenciones ocurriendo tras las elecciones del 28 de julio de 2024. Además, hubo cierres de emisoras radiales, prohibiciones de programas informativos y bloqueos de sitios web, incluyendo los de organizaciones no gubernamentales y medios independientes.

El Presidente Maduro criticó fuertemente las redes sociales, acusándolas de fomentar el odio y el fascismo. Se decretó la suspensión temporal de la red X y se instó a desinstalar la aplicación WhatsApp. La Asamblea Nacional también adoptó una nueva ley que impone restricciones arbitrarias a las organizaciones no gubernamentales, cuestionada por la misión y otros mecanismos internacionales.

En marzo de 2024, se presentó un proyecto de ley contra el «fascismo» y «neofascismo» que criminaliza expresiones ideológicas amplias, imponiendo severas restricciones y sanciones a individuos, medios de comunicación, organizaciones y partidos políticos.

Crímenes de Lesa Humanidad y Persecución

La misión considera que algunas violaciones de derechos humanos documentadas en este período constituyen crímenes de lesa humanidad, continuando una tendencia identificada en informes anteriores. Estos crímenes incluyen encarcelación arbitraria, tortura y violencia sexual grave, cometidos como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, especialmente contra la oposición al Gobierno del Presidente Maduro.

Además, la misión concluye que estas violaciones también pueden constituir el crimen de persecución, dado el contexto de políticas estatales discriminatorias y las violaciones graves documentadas, incluyendo detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual. Estas violaciones están relacionadas con la identidad política de las víctimas y su oposición o crítica al Gobierno, configurando así el crimen de lesa humanidad de persecución.

Resumen: Instituciones y Otros Actores Involucrados

La misión ha determinado que tanto actos como omisiones de agentes del Estado en Venezuela durante el período cubierto por el informe generan responsabilidad internacional. Los actos de violación de derechos humanos involucraron a una amplia gama de actores institucionales, y las declaraciones y acciones de las máximas autoridades del Estado, especialmente después del 28 de julio de 2024, contribuyeron a un clima de hostilidad y violencia. 

Responsabilidad de Instituciones Estatales:

– Presidencia: Las declaraciones del Presidente Maduro durante la campaña electoral y después de las protestas promovieron una postura de represión y violencia contra manifestantes y opositores. La retórica del Gobierno, que incluía amenazas de “mano de hierro” y “máximo castigo”, exacerbó la represión y las detenciones masivas bajo la justificación de luchar contra un “golpe de Estado” y el “fascismo”.

– Defensoría del Pueblo y Ministerio Público: Se observó una falta de acción y respuesta por parte de la Defensoría del Pueblo, la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, y la Dirección General de Protección de los Derechos Humanos del Ministerio Público. Las denuncias presentadas por familiares y abogados de personas detenidas no recibieron respuesta, ni siquiera después de la crisis postelectoral.

– Consejo Nacional Electoral (CNE): Bajo la presidencia de Elvis Amoroso, el CNE condujo el proceso electoral de manera que no cumplió con los estándares básicos de transparencia e integridad, según el Panel de Expertos Electorales de las Naciones Unidas.

– Asamblea Nacional: La Asamblea Nacional, presidida por Jorge Rodríguez, aprobó nuevas leyes restrictivas del espacio cívico y democrático sin un debate genuino y democrático.

– Tribunal Supremo de Justicia (TSJ): El TSJ y los actores judiciales operaron bajo la influencia del Ejecutivo, con falta de independencia, y se constató la existencia de violaciones sistemáticas del debido proceso, especialmente en los procedimientos contra opositores y participantes en protestas.

– Fiscales y Fuerzas de Seguridad: El Fiscal General Tarek William Saab jugó un papel crucial en dar una apariencia de legalidad a las violaciones de derechos humanos cometidas durante la represión post-electoral. Las fuerzas de seguridad, incluidas la Guardia Nacional Bolivariana y los servicios de inteligencia civil y militar, fueron responsables de muchas detenciones arbitrarias y otros abusos durante las protestas.

Avances en la Rendición Internacional de Cuentas:

– Corte Penal Internacional (CPI): El 1 de marzo de 2024, la CPI confirmó su autoridad para continuar las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

– Tribunales Argentinos: El 5 de abril de 2024, la Cámara Criminal y Correccional Federal de Buenos Aires confirmó su jurisdicción para investigar crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Se está considerando también otra denuncia presentada por la ONG Foro Argentino por la Democracia en la Región.

Conclusión: La misión documenta que las instituciones y actores estatales han estado involucrados de manera significativa en la represión y violaciones de derechos humanos en Venezuela, y que estos actos representan una responsabilidad internacional. Además, se están realizando avances hacia la rendición de cuentas a nivel internacional, con investigaciones en curso en la CPI y en tribunales argentinos.

Resumen: Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

1. Intensificación de la Represión: Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, el Estado venezolano intensificó su represión de manera violenta y planificada. Esta represión se dirigió a desarticular la oposición política, censurar información crítica y prevenir la protesta pacífica. La brutalidad de la represión ha generado un clima de miedo generalizado.

2. Deterioro del Estado de Derecho: La respuesta represiva a las protestas contra los resultados electorales marcó un deterioro significativo en el Estado de derecho. Los poderes públicos abandonaron su independencia y se sometieron al Ejecutivo, erosionando las garantías judiciales y dejando a la ciudadanía vulnerable frente al abuso del poder.

3. Crímenes de Lesa Humanidad: Las violaciones documentadas durante el período de estudio, incluyendo detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual, se consideran crímenes de lesa humanidad. Estas violaciones forman parte de un plan coordinado para silenciar y sofocar a la oposición política y a personas críticas del Gobierno.

4. Persecución Política: Las violaciones, tales como detenciones arbitrarias y violencia sexual, se enmarcan en el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos, dirigido contra opositores y críticos del régimen.

Recomendaciones

1. Investigación y Rendición de Cuentas:

   – Investigar el uso abusivo de la fuerza letal por parte de cuerpos de seguridad y civiles armados, y garantizar la rendición de cuentas.

   – Terminar con las detenciones arbitrarias y liberar a todas las personas detenidas sin justificación legal.

   – Abordar de inmediato las denuncias de detención y persecución penal de menores, respetando las normas internacionales y la legislación nacional.

2. Prevención de Desapariciones y Condiciones de Detención:

   – Detener las desapariciones forzadas de corta duración y asegurar el acceso a registros de detención para familiares y abogados.

   – Establecer condiciones de detención adecuadas, considerando las necesidades específicas de cada persona detenida, incluyendo a mujeres, niñas y personas LGBTI+.

3. Protección contra Violencia Sexual y de Género:

   – Adoptar medidas para proteger a todas las personas contra la violencia sexual y de género durante la detención. Investigar y sancionar cualquier acto de violencia de este tipo, incluidas requisas invasivas y desnudez forzada.

4. Tortura y Tratos Crueles:

   – Actuar frente a denuncias de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, y revisar todos los casos documentados para garantizar investigación y reparación integral a los supervivientes.

5. Protección y Reparación a Víctimas:

   – Establecer programas de protección para las víctimas de violaciones graves de derechos humanos y asegurar una perspectiva de género en la reparación integral.

6. Transparencia y Cooperación Internacional:

   – Desarrollar protocolos para garantizar la transparencia de las investigaciones del Ministerio Público y los procedimientos judiciales.

   – Cooperar plenamente con los mecanismos de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas y el sistema interamericano de derechos humanos, incluyendo la implementación de medidas cautelares y decisiones de la Corte Interamericana.

7. Monitoreo y Rendición de Cuentas Internacional:

   – La comunidad internacional debe continuar monitoreando la situación de derechos humanos en Venezuela y exigir rendición de cuentas por graves violaciones y delitos internacionales.

   – Apoyar esfuerzos nacionales de rendición de cuentas y la investigación de la Corte Penal Internacional.

Estas recomendaciones buscan abordar la grave situación de derechos humanos en Venezuela y promover justicia y reparación para las víctimas