Resumen

El presente artículo examina la viabilidad jurídica de una eventual Ley de Amnistía en Venezuela a la luz del derecho constitucional venezolano, el derecho internacional de los derechos humanos y el contexto geopolítico contemporáneo. A partir de aportes doctrinales recientes de juristas venezolanos y del análisis normativo vigente, se sostiene que la ausencia estructural de independencia judicial impide que una ley de amnistía cumpla una función reconciliadora conforme a los estándares democráticos e internacionales. Asimismo, se analizan las implicaciones de este contexto para la población venezolana en el exterior, particularmente para personas solicitantes de protección internacional. El estudio se desarrolla con un enfoque técnico, independiente e imparcial.

Palabras clave: amnistía, independencia judicial, derechos humanos, Venezuela, non-refoulement, derecho constitucional.

Abstract

This article analyzes the legal feasibility of a potential Amnesty Law in Venezuela under Venezuelan constitutional law, international human rights law, and the current geopolitical context. Drawing on recent doctrinal contributions by Venezuelan jurists and normative analysis, it argues that the structural lack of judicial independence prevents any amnesty law from fulfilling a reconciliatory function consistent with democratic and international standards. The article also examines the implications for Venezuelans abroad, particularly asylum seekers and individuals under international protection. The study adopts a technical, independent, and non-partisan approach.

Keywords: amnesty, judicial independence, human rights, Venezuela, non-refoulement, constitutional law.

I. Introducción

El debate sobre la adopción de una Ley de Amnistía en Venezuela ha resurgido en un contexto de profunda crisis institucional y cuestionamientos sobre la vigencia real del Estado democrático de derecho. Aunque la amnistía ha sido históricamente utilizada como instrumento de reconciliación política, su legitimidad depende de condiciones institucionales mínimas, entre ellas la existencia de jueces independientes, imparciales y competentes.

Este artículo tiene por objeto analizar si dichas condiciones se encuentran presentes en Venezuela al 1 de febrero de 2026 y evaluar las consecuencias jurídicas de su ausencia, tanto en el ámbito interno como en el internacional. Para ello, se integran aportes doctrinales recientes, el marco constitucional venezolano, la jurisprudencia interamericana y consideraciones geopolíticas relevantes.

II. Metodología y enfoque

La investigación se desarrolla mediante un análisis cualitativo de fuentes normativas, doctrinales y jurisprudenciales. Se examina la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, legislación sobre amnistía, decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y artículos doctrinales recientes. El enfoque es descriptivo-analítico y no emite juicios políticos ni conclusiones jurídicas vinculantes.

III. La amnistía y la independencia judicial

Desde una perspectiva doctrinal, la amnistía no constituye un acto de perdón, sino un acuerdo jurídico mediante el cual el Estado renuncia a su potestad sancionatoria respecto de determinados hechos. Sin embargo, su aplicación exige órganos jurisdiccionales capaces de interpretar y ejecutar la ley conforme a principios de legalidad, debido proceso e igualdad.

La doctrina venezolana reciente ha advertido que la inexistencia de jueces independientes convierte cualquier amnistía en un mecanismo ineficaz o potencialmente arbitrario. La designación de jueces ad hoc, con credenciales éticas y profesionales verificables, ha sido planteada como condición indispensable para evitar la instrumentalización política de la amnistía.

IV. Amnistía, impunidad y estándares interamericanos

La experiencia latinoamericana demuestra que las leyes de amnistía han sido utilizadas, en determinados contextos, para garantizar impunidad frente a graves violaciones de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció, a partir del caso Barrios Altos vs. Perú, que las amnistías que impiden investigar y sancionar crímenes de lesa humanidad son incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En este marco, cualquier iniciativa de amnistía en Venezuela debe evaluarse a la luz de la prohibición de amnistiar delitos internacionales y del derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

V. Análisis desde el derecho constitucional venezolano

La Constitución venezolana consagra la soberanía popular, la separación de poderes y la supremacía constitucional. No obstante, diversos informes internacionales han documentado una ruptura estructural entre el texto constitucional y su aplicación práctica, caracterizada por la concentración del poder y la ausencia de controles efectivos.

Las garantías judiciales reconocidas en los artículos 19 y 49 de la Constitución resultan inoperantes en la práctica, lo que compromete la posibilidad de una tutela judicial efectiva. En este contexto, la aplicación de una ley de amnistía por órganos carentes de independencia vulnera los propios postulados constitucionales.

VI. Derecho internacional, non-refoulement y población venezolana en el exterior

Desde el derecho internacional de los refugiados, la inexistencia de protección estatal efectiva es un elemento central para la evaluación del riesgo en solicitudes de asilo y protección complementaria. El principio de non-refoulement prohíbe la devolución de personas a países donde exista un riesgo fundado de persecución o daño grave.

La convergencia entre la falta de independencia judicial, la criminalización del disenso y los discursos de estigmatización de la diáspora venezolana refuerza la previsibilidad del riesgo para personas venezolanas en el exterior, particularmente aquellas con perfiles de participación cívica o política.

VII. Consideraciones geopolíticas

Las tensiones geopolíticas recientes y las declaraciones de autoridades extranjeras respecto de Venezuela constituyen un elemento contextual relevante. Sin embargo, desde el derecho internacional público, tales dinámicas no suspenden las obligaciones del Estado venezolano en materia de derechos humanos ni legitiman restricciones arbitrarias de derechos fundamentales.

VIII. Conclusiones

El análisis realizado permite concluir que, al 1 de febrero de 2026, Venezuela no cuenta con las condiciones institucionales mínimas para que una Ley de Amnistía cumpla una función reconciliadora conforme a los estándares constitucionales e internacionales. La ausencia de independencia judicial, sumada a la falta de tutela efectiva de derechos, convierte a la amnistía en un instrumento jurídicamente frágil y potencialmente generador de impunidad.

Desde una perspectiva técnica e imparcial, este contexto refuerza la inexistencia de protección estatal efectiva y tiene implicaciones directas para la población venezolana en el exterior, especialmente para personas solicitantes de protección internacional.

Damarys Rangel
Founder–President, Derechos Humanos con DR Corp (DDHHUNIVERSAL)
Investigadora independiente en Derecho Constitucional y Derechos Humanos
Estados Unidos

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