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Los primeros presos políticos de la revolución bolivariana fueron nueve funcionarios de la Policía Metropolitana (PM), a quienes responsabilizaron por lo ocurrido el 11 de abril de 2002 en los alrededores de Puente Llaguno, donde se desencadenó un tiroteo que dejó 19 personas muertas.

Luis Enrique Molina, Arubel Pérez, Erasmo Bolívar, Héctor Rovain, Marco Hurtado, Lázaro Forero, Henry Vivas, Julio Rodríguez e Iván Simonovis,  fueron apresados en 2003 y empezaron a cumplir sus condenas desde 2009.

Forero, Vivas y Rodríguez fueron condenados a 30 años de prisión (pena máxima), están bajo arresto domiciliario desde el año 2011 por razones humanitarias, condicionados a no salir del país y presentar un informe médico cada dos meses.

Tres años después, en 2014,  el comisario Simonovis, obtuvo medida sustitutiva de libertad, también por medidas humanitarias, hoy es exiliado en Estados Unidos. 

Molina, Pérez, Bolívar y Rovaín continúan tras los barrotes de la cárcel militar Ramo Verde, en el estado Miranda. Allí tiene al menos 17 años presos, a pesar que su defensa ha solicitado en diversas oportunidades medidas humanitarias.

Pérez fue sentenciado a 17 años y 10 meses de presidio por la comisión de homicidio calificado en complicidad correspectiva y uso indebido de arma de fuego. El 15 de febrero de 2021 el exfuncionario de la PM debería salir en libertad, sin embargo, desde el 30 de junio de 2016 Pérez podría cumplir el resto de su pena fuera de la cárcel.

Héctor Rovain, inspector en jefe de la extinta policía, fue condenado a 30 años de prisión por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves y leves en complicidad correspectiva.

El distinguido Erasmo Bolívar, sufrió un desprendimiento de retina en un ojo y una lesión en las rodillas.

La pena máxima también recayó sobre el cabo primero Luis Enrique Molina,  sentenciado por homicidio calificado frustrado en complicidad correspectiva, lesiones personales graves en complicidad correspectiva, lesiones leves y uso indebido de la fuerza.

Dentro del proceso penal venezolanos, pueden ser favorecidos por alguna de las fórmulas de cumplimiento de penas no privativas de libertad conforme al Sistema Penal Venezolano.

La Juez que condenó a los Ex funcionarios, es  Maryolis Calderon  ex Presidenta de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, fue recompensada con el cargo de magistrada de la Corte de Apelaciones de Aragua y luego como presidente del Circuito Judicial de esa entidad, hasta que en diciembre de 2014 la anterior Asamblea Nacional la nombró magistrada.

¿Que vinculo tiene el Presidente del TSJ con los acontencimientos Abril del 2002?

Maikel José Moreno Pérez juramentado como Presidente del TSJ quien en el  2014 a menos de dos meses después fue nombrado primer vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia y Presidente de la Sala de Casación Penal por la Sala Plena de este Alto Tribunal, y accede al cargo por ser abogado de los llamados “pistoleros de Puente Llaguno”, grupo de militantes chavistas que durante el golpe de Estado del 11 de abril de 2002 disparaban en pleno centro de Caracas a los manifestantes amparados en la desobediencia civil, consagrada en el artículo 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en protesta a la desestabilización y deslegitimación del orden constitucional y el sistema democratico venezolano.

Los Policías Metropolitanos, son víctimas de la desmoralización de las instituciones venezolanas, en especial del Sistema Judicial venezolano, dirigido por quienes mantienen nexos y compromisos con los orígenes del Chavismo, responsables de la mutación de la Justicia Injusta de los procesos judiciales en los que se administra justicia, por subasta al mejor postor.

Las Sentencias de los Tribunales venezolanos, deben estar bajo el absoluta revisión de los Estados, en virtud que el fraudulento sistema judicial venezolano, no es garante de derechos y libertades, y al apreciarlas en otras jurisdicciones se internacionaliza el Fraude Procesal del Sistema de Justicia del Regimen Chavista.