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El derecho a la vida, es un derecho humano fundamental, cuyo goce pleno es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos, los Estados están obligados a proveer recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de derechos humanos, los cuales deber ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal, todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción.

La obligación de investigar implica que una vez que las autoridades estatales tengan conocimiento del hecho, deben iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los autores de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales.

La protección activa del derecho a la vida involucra a toda institución estatal, inclusive a quienes deben resguardar la seguridad, ya sea que se trate de fuerzas de policía, las fuerzas armadas y tpdas las instituciones de un Estado.

La verdadera protección a la vida, comprende el equilibrio de la administración de justicia que proporcione procesos que permitan brindar tranquilidad, protección a los derechos que puedan estar judicializados, una persona que enfrenta proceso judiciales y/o administrativos, sufre alteraciones en su sistema nervioso, con impacto en su desarrollo diario, en lo psíquico, emocional, y físico, por ello, las instituciones judiciales y sus representantes, deben estar consciente que el poder  conferido tiene alto impacto en los justiciables y sus vida.

Por Damarys Rangel

Abogada

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