RÉGIMEN DE MADURO BURLA AUTORIDAD DE LA ALTA COMISIONADA DE LOS DDHH (ONU)

La batalla legal que libra Afiuni para lograr su sueño de ser plenamente libre.

ALICIA DE LA ROSA CARACAS 8 DE JULIO 2019.
Este lunes comienza una nueva etapa que puede ser decisiva para María Lourdes Afiuni. Su defensa acudió al Tribunal 17 de Juicio con la intención de exigir su expediente para confirmar si existe una boleta o documento que oficialice el cese de todas las medidas cautelares que pesan sobre ella. El propósito es confirmar la información emanada de la propia Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, a quien el régimen de Nicolás Maduro le notificó que la jueza gozaba de libertad plena.
Pero al llegar al Palacio de Justicia, la jueza y su equipo de abogados se encontraron con el cartel «No hay despacho». La decisión sobre su libertad deberá esperar hasta el martes.
Pero la libertad plena en un caso que ya fue sentenciado y que está en proceso de apelación no es un asunto de un simple papel. Se necesita completar una serie de procesos jurídicos.
En exclusiva para Caraota Digital hablaron los abogados Thelma Fernández y Juan Carlos Goitía, aclarando los conceptos y procedimientos que se deben seguir para llegar a la tan anhelada libertad plena de la jueza que en 2009 ocupó el Tribunal 31 de Control de Caracas y le otorgó la libertad condicional al empresario Eligio Cedeño, siguiendo una resolución de Naciones Unidas.
“Una de las cosas que se debe tener clara es que la libertad plena se produce cuando te absuelven, sobreseen o anulan el proceso. Esto es muy diferente a la libertad sin restricciones que un juez puede otorgarla a un procesado pero se mantiene el proceso”, precisó Fernández, quien lleva el caso en el ámbito internacional.
En el caso Afiuni, explicó la abogada penal, el Tribunal de Juicio otorgó la libertad sin restricciones pero no puede dar la libertad plena porque tiene una condena que está en proceso de apelación”.
Goitía precisó que desde el punto de vista jurídico la libertad plena de Afiuni no procede “si no se resuelve el recurso de apelación que se introdujo”,  luego de la condena a 5 años por el delito de corrupción espiritual que dictó el juez Manuel Bonagnno en marzo pasado contra la jueza.

¿Una mentira?

¿Qué procede? La pregunta que se hacen propios y extraños de un proceso que ya cumple 9 años y 7 meses.  Según la defensa, lo correcto es que se constituya la Sala 10 de la Corte de Apelaciones y que dicte una decisión: o declaran con lugar la apelación o declaran sin lugar.
“Si declaran con lugar la apelación favorece a Afiuni, pero si la declaran sin lugar queda  confirmada la sentencia y a la defensa le quedaría ejercer el recurso en la Sala de Casación”.
Tres decisiones pueden tomar los jueces que conformen la Corte si declaran con lugar la apelación: “anular el juicio y devolverlo a otro tribunal de juicio para que se realice de nuevo; considerar que existen elemento suficientes para decretar el sobreseimiento y sobreseerlo, es decir cerrar el caso; o dictar una nueva decisión».
“En los dos primeros casos donde haya sobreseimiento o absolutoria es libertad plena y en el tercer caso donde anulen el juicio y ordenen realizar de nuevo, se puede otorgar una libertad sin restricciones”.
Los familiares, la defensa y la propia Afiuni consideran que la tardanza de esta boleta o documento que oficialice su libertad plena se debe “a que el régimen está midiendo la capacidad de daño que le puede producir el hecho de que cese la medida cautelar de prohibición de hablar sobre el caso”.
“Ellos manifestaron oficialmente a Michelle Bachelet la libertad plena de Afiuni. ¿Ahora se van a retractar? ¿Van a decir que no fue plena sino parcial si le dejan las medidas cautelares de prohibición de salida del país, de hablar a los medios de comunicación sobre el caso y de escribir en las redes sociales? Eso sería una burla del régimen a la alta comisionada. Le mintieron si eso es así”
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Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela

Ver informe de la  Oficina de Alto Comisionado de los DDHH, https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session41/Documents/A_HRC_41_18_SP.docx
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EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS, Y EL INFORME EMANADO DE LA ALTA COMISIONADA DE DDHH.

Durante los días siguientes, estaremos expuestos a escuchar a múltiples personas con conocimiento en el Sistema Universal de los Derechos Humanos, por ello, me es grato compartir en primer lugar la estructura organizativa del Sistema de Naciones Unidas, con el objetivo de ilustrar a los lectores del orden legal, en consecuencia, del esquema ut supra podemos apreciar que La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), es la principal entidad de las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos.
 La Asamblea General de la ONU, encomendó al Alto Comisionado y a su Oficina la misión de promover y proteger todos los derechos humanos de todas las personas, ACNUDH ayuda a los gobiernos, que tienen la responsabilidad primordial de proteger los derechos humanos, a cumplir con sus obligaciones y apoya a los individuos en la reivindicación de sus derechos.
La Asamblea General, podrá examinar los informes de la oficina del Alto Comisionado de los DDHH y hacer recomendaciones para proteger los derechos humanos y libertades fundamentales, lo que conlleva a fomentar la confianza en la opinión pública internacional.
Ahora bien, el informe publicado por la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos , refleja que el Gobierno Venezolano ha incurrido en delitos de lesa humanidad, entendiendo por ello, lo siguiente:
“…Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg (1945), art 6, numeral 3º     CRIMENES CONTRA LA HUMANIDAD: A saber, el asesinato, la exterminación, esclavización, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra población civil antes de la guerra o durante la misma; la persecución por motivos políticos, raciales o religiosos en ejecución de aquellos crímenes que sean competencia del Tribunal o en relación con los mismos, constituyan o no una vulneración de la legislación interna de país donde se perpetraron
A todo evento quedaron expuestos y reconocidos por una Oficina Principal de la Organización de Naciones Unidas, la veracidad de las denuncias que durante años se ha efectuado la Sociedad Civil Organizada de Venezuela, ante todos los Organismo de Derechos Humanos, medios de Comunicación, etc; es evidente que el reconocimiento de desapariciones forzadas (detenciones, homicidios, torturas), debe conllevar a actuaciones internacionales, y aunque queda muchos pasos por andar, debemos reconocer que es un triunfo de la Sociedad Civil, las ONG, los defensores y activista de derechos humanos, los países aliados.
¿Y qué sucede después del Informe emanado de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos?
La Oficina de la Alta Comisiona de Los Derechos Humanos deberá ampliar exhaustivamente un informe escrito en el cual expondrá  la situación de los derechos humanos de Venezuela, el cual será sometido al Consejo de Derechos Humanos en su 41º periodo de sesiones, organismo intergubernamental que formulará recomendaciones al estado Venezolano, y tendrá interés en seguir de cerca los avances  o no de la situación de los derechos humanos denunciadas, encargado de fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo y para hacer frente a situaciones de violaciones de los derechos humanos y formular recomendaciones y solicitar visitas al país.
Damarys Rangel Matute
Abogada



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El régimen de Maduro bloqueó la entrada de los enviados de Bachelet a los sótanos donde tortura la inteligencia chavista

VENEZUELA
El régimen de Maduro bloqueó la entrada de los enviados de Bachelet a los sótanos donde tortura la inteligencia chavista
La española Sara Nuero Escobar y el mexicano Carlos de La Torre, representantes que dejó la alta comisionada de la ONU, no han logrado reunirse con ninguno de los militares presos y torturados
Por Sebastiana Barráez, 2 de julio de 2019 desde Caracas, Venezuela
Cuando Verónica Michelle Bachelet Jeria, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, estuvo en Venezuela, anunció que aunque se iba del país quedarían dos oficiales de Derechos Humanos, «uno de ellos Carlos y la otra persona es Sara, y que eso les iba a permitir no sólo alzar la voz con los familiares de los presos políticos, sino conocer la situación y tener todos los elementos». A la vez que aseguró que «no los vamos a olvidar».
Parece que eso le importa muy poco a los funcionarios de la DGCIM, que no han permitido a la comisión visitar los sótanos donde están detenidos los militares y civiles.
La española Sara Nuero Escobar y el mexicano Carlos de La Torre, que son los dos representantes de la comisión que dejó Bachelet, no han logrado reunirse con ninguno de los militares presos y torturados que están en los tenebrosos sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
Al coronel (Ej) Hannover Esteban Guerrero Mijares, director de Investigaciones de la DGCIM, le importó muy poco que Nicolás Maduro le haya prometido a Bachelet que sus dos oficiales de Derechos Humanos tendrían «acceso pleno a los centros de detención para poder monitorear las condiciones de detención y hablar confidencialmente con los privados de libertad».
La respuesta de Guerrero Mijares a los representantes de la ONU que han solicitado entrevistarse con algunos militares en la DGCIM es que no se puede hasta que no reciba la orden de aprobación por parte de su superior, que debe darla el mayor general Iván Hernández Dala, director de Contrainteligencia Militar.
Si algo ha sido consistente, en las denuncias sobre violación de los derechos humanos de los militares y civiles, detenidos en la DGCIM, es que existe un modus operandi que se ha cumplido rigurosamente contra los detenidos: son allanadas sus viviendas sin orden previa, a la par que les roban dinero, joyas, ropa, alimentos y cuanto objeto de valor haya en la casa de la víctima.
Son detenidos sin orden judicial, algunos son torturados, son incomunicados y no les permiten que los vea su abogado ni su familia, son presentados ante el Tribunal sin cumplir los lapsos establecidos en la Ley y todas las denuncias se basan en informes sin ninguna investigación o en la figura de «delación», a la cual se acogen algunos para evitar la tortura, de manera que señalan a cualquier figura política que el torturador le sugiere.
Son múltiples los casos en que el detenido ha llegado golpeado y con evidentes signos de tortura a la sede de los tribunales militares, pero eso no es incluido en el acta ni el expediente porque el juez ignora la solicitud del detenido y sus abogados.
¿Los culpables?
Cuando el caso de la brutal muerte del concejal Fernando Alban y en el marco del escándalo y repudio nacional y mundial, fueron acusados dos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), a quienes los responsabilizaron de que por su descuido el concejal se había lanzado suicidándose. Es así como el Ministerio Público dilató la verdadera investigación sobre lo que sucedió con el edil.
Se repite el guión ahora con el caso del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, cuando el Fiscal General nombrado por la Constituyente, Tareck William Saab, dijo que el Ministerio Público solicitó la detención preventiva del Tte (GNB) Ascanio Antonio Tarascio y el Sgto 2° (GNB) Estiben José Zarate, quienes serían los presuntos responsables.
Otra vez se propone la Fiscalía con los cuerpos de seguridad encubrir un hecho de esa magnitud responsabilizando a un joven teniente y a un sargento segundo, sin que recaiga responsabilidad alguna sobre quienes dan las órdenes y tienen la estructura de tortura en la DGCIM.
Mientras eso sucede, el Tribunal imputó a los generales de Brigada Miguel Sisco Mora y Ramón Lozada Saavedra, así como al coronel Miguel Castillo Cedeño por su participación en lo que llaman la operación Vuelvan Caras, que es el plan de conspiración que según el Gobierno estaba montado para los días 24 y 25 de junio contra Nicolás Maduro y otras figuras del Gobierno.
Sisco irá a la Policía Militar de Fuerte Tiuna, Lozada a los sombríos sótanos de la DGCIM y el coronel al anexo militar de La Pica en Monagas.
Si a la Comisión de Bachelet no le permiten hablar con los detenidos en la DGCIM, ¿qué pueden aspirar los defensores y los familiares de esos presos por razones políticas?
Aunque los sótanos de la DGCIM fueron acondicionados, pintados, tumbaron paredes y levantaron otras, de nada sirve el maquillaje si la estructura de poder y tortura continúa.
Varias peticiones hechas ante la DGCIM por parte de la Comisión de Bachelet esperan respuesta para que se abran las puertas de esas tenebrosas celdas. Cuando Verónica Michelle Bachelet Jeria, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, estuvo en Venezuela, anunció que aunque se iba del país quedarían dos oficiales de Derechos Humanos, «uno de ellos Carlos y la otra persona es Sara, y que eso les iba a permitir no sólo alzar la voz con los familiares de los presos políticos, sino conocer la situación y tener todos los elementos». A la vez que aseguró que «no los vamos a olvidar».
Parece que eso le importa muy poco a los funcionarios de la DGCIM, que no han permitido a la comisión visitar los sótanos donde están detenidos los militares y civiles.
La española Sara Nuero Escobar y el mexicano Carlos de La Torre, que son los dos representantes de la comisión que dejó Bachelet, no han logrado reunirse con ninguno de los militares presos y torturados que están en los tenebrosos sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
Al coronel (Ej) Hannover Esteban Guerrero Mijares, director de Investigaciones de la DGCIM, le importó muy poco que Nicolás Maduro le haya prometido a Bachelet que sus dos oficiales de Derechos Humanos tendrían «acceso pleno a los centros de detención para poder monitorear las condiciones de detención y hablar confidencialmente con los privados de libertad«.
La respuesta de Guerrero Mijares a los representantes de la ONU que han solicitado entrevistarse con algunos militares en la DGCIM es que no se puede hasta que no reciba la orden de aprobación por parte de su superior, que debe darla el mayor general Iván Hernández Dala, director de Contrainteligencia Militar.
Si algo ha sido consistente, en las denuncias sobre violación de los derechos humanos de los militares y civiles, detenidos en la DGCIM, es que existe un modus operandi que se ha cumplido rigurosamente contra los detenidos: son allanadas sus viviendas sin orden previa, a la par que les roban dinero, joyas, ropa, alimentos y cuanto objeto de valor haya en la casa de la víctima.
Son detenidos sin orden judicial, algunos son torturados, son incomunicadosy no les permiten que los vea su abogado ni su familia, son presentados ante el Tribunal sin cumplir los lapsos establecidos en la Ley y todas las denuncias se basan en informes sin ninguna investigación o en la figura de «delación», a la cual se acogen algunos para evitar la tortura, de manera que señalan a cualquier figura política que el torturador le sugiere.
Son múltiples los casos en que el detenido ha llegado golpeado y con evidentes signos de tortura a la sede de los tribunales militares, pero eso no es incluido en el acta ni el expediente porque el juez ignora la solicitud del detenido y sus abogados.
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UN PAÍS LLENO DE TORTURAS Y UN PUEBLO QUE PERDIÓ LA SONRISA

Por nota de prensa del día 26 de Junio del 2019, la Comisión Interamericana de los derechos Humanos, hace un llamado a los Estados miembros a erradicar los actos de tortura haciendo expresa mención a las personas privadas de libertad, en ocasión al Día Internacional de las Naciones Unidas en  Apoyo de las Víctimas de Tortura, que se celebró en la fecha ut supra.
Es del conocimiento de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y así lo ha reconocido en sus Informes anuales y sus pronunciamiento en ocasión a las denuncias que se han presentado la Sociedad Civil Venezolana y los peticionarios, actores sociales que se han esforzado para exigir el respeto de los derechos fundamentales y el cumplimiento de un buen ejercicio de la gobernabilidad.
A quedado en evidencia, que es una conducta reiterada y sistemática de los Organismo de Seguridad del Estado Venezolano, las detenciones arbitrarias, la práctica de torturas físicas y psicológicas que afectan gravemente la integridad física y vida del secuestrado (no detenido) y su grupo familiar; el gobierno Madurista, está haciendo uso indebido del derecho penal, por lo general estos procesos se inician con supuestos falsos, incongruentes, infundados, y basadas en tipo penales en inobservancia al principio de legalidad, y más grave en tipo penales que no cumplen con los estándares interamericanos; y durante los último años, hemos apreciados como se aperturan procesos penales contra defensores, ciudadanos, profesores, estudiantes, militares etc, precedidas por la estigmatización de funcionarios públicos utilizando los medios de comunicación masivos, con la intención de hacer daño, excluir y dañar a la persona y/o grupos sociales que no comulguen con las políticas implementadas por los actores políticos de Miraflores, es oportuno referir, que las pasadas elecciones presidenciales fueron desconocidas, como consecuencia, de la nula convocatoria efectuada por la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela (ANC), que excedió las competencias de un órgano constituyente, incurriendo en excesos al modificar los plazos del proceso electoral, en complicidad con un ente Electoral  caracterizado por la parcialidad política,  en detrimento de las normas Constitucionales, y en consecuencia, del estado de derecho.
Quien se suscribe, no puede olvidar las clases en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, y presentaba un ensayo del Libro «El Proceso» de Franz Kafka, cuyo texto parece estar basado en la realidad venezolana, en el cual el estado es el opresor y  genera situaciones absurdas cegando la vida de todos los venezolanos dentro y fuera de país, cada día se está velando la posibilidad de defensa de los venezolanos, y desde las alturas del gobierno corrupto, inmoral y encriptado se aferra a la negación de libertad de un país.
Y ante esta realidad que debemos hacer los venezolanos; ver como mueren niños, hombre y mujeres en condiciones inhumanas, víctimas de espantosas, obscenas y oscuras  torturas físicas y psicológicas, violándose la humanidad, la dignidad humana, todo ello por, aferrarse al poder en detrimento de un país, no puede ser sino el miedo a ser juzgado por las leyes de los hombres, lo que justifique estas conductas juzgables de los tenedores de Palacio de Miraflores y sus aliados, cómplices del terrorismo, narcotráfico y corrupción a escalas exorbitantes.
Que necesitamos los Venezolanos, hoy día necesitamos VENEZOLANOS QUE AMEN COMO A SI MISMO, A SU PATRIA, SUS SÍMBOLOS PATRIOS, VENEZOLANOS INCORRUPTIBLES, Y EL APOYO INCONDICIONAL DE LOS PAÍSES ALIADOS, CON VERDADERO INTERÉS PARA AYUDAR A LA PATRIA DE BOLÍVAR, QUE EN ALGÚN MOMENTO ACOGIÓ A ESPAÑOLES, COLOMBIANOS, PERUANOS, ECUATORIANOS, CHILENOS, ITALIANOS, AMERICANOS ETC.
ES NECESARIO QUE LOS PRONUNCIAMIENTOS LLEVEN CONSIGO LA ACCIÓN.
TRANSICIÓN DE GOBIERNO Y TRANSICIÓN JUDICIAL YA!!!

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Concluyó la 49º Asamblea General de la OEA

Con la aprobación de todos los documentos sometidos a la votación de los Estados Miembros concluyó hoy la 49ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se celebró esta semana en Medellín, Colombia. En la última sesión plenaria, la Asamblea aprobó sendas resoluciones sobre Venezuela y Nicaragua, entre otros. Los documentos aprobados por la Asamblea General están o estarán disponibles aquí. Los Estados Miembros de la OEA también reeligieron como comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Esmeralda Arosemena de Troitiño (Panamá) y Margaret May Macaulay (Jamaica), y eligieron como como nuevos miembros a Edgar Stuardo Ralón Orellana (Guatemala) y Julissa Mantilla Falcón (Perú). En el Comité Jurídico Interamericano se reeligió a José Antonio Moreno Rodríguez (Paraguay) y se eligió a Eric Patrick Rudge (Suriname). En el Centro de Justicia para las Américas se reeligió a Daniel Petrone (Argentina) y se eligió a Maytrie Vydia Kuldip (Suriname). En el Consejo de Auditores Externos fue electo por aclamación Martin Rubenstein (Canadá) y se encargó al Consejo Permanente a elegir a otro miembro antes del 30 de septiembre de 2019. En el Tribunal Administrativo fue electo por aclamación Pablo Sandonato de León (Uruguay). Los Estados miembros de la OEA aprobaron además que Bahamas será la sede de la Quincuagésima Asamblea General de la Organización en el 2020. Referencia: C-049/19
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